Nepal, un espejo para el Perú: construyamos una arquitectura multipeligro de alerta y respuesta para nuestras ciudades

La mañana del 26 de agosto de 2026, una masa de hielo y roca se desprendió de la cara norte del Langtang Lirung, en el Himalaya, muy cerca de la frontera entre Nepal y la Región Autónoma del Tíbet, en China. La caída, de cerca de 600 metros de ancho y con un desnivel de más de 2,100 metros, generó una señal sísmica de magnitud 5.2 que inicialmente se interpretó como un terremoto y que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reclasificó después como producto del propio colapso de la ladera, no de un sismo tectónico. El material, mezclado con agua y sedimento, represó temporalmente el río Lhende Khola; cuando ese dique improvisado de hielo, roca y lodo cedió, liberó una riada que recorrió cerca de cien kilómetros por los valles del Lhende Khola y el Trishuli, arrasando poblados, puentes, centrales hidroeléctricas, carreteras y el propio paso fronterizo de Rasuwagadhi. Días después, las cifras de fallecidos y desaparecidos en Nepal y en el condado chino de Gyirong seguían actualizándose.

Ingreso a este contexto de desastre como punto de partida para formular una pregunta, desde la planificación y la gobernanza urbana: ¿estamos diseñando nuestras ciudades y nuestros sistemas de gestión del riesgo para los desastres que ya conocemos, o también para aquellos que todavía no sabemos dimensionar?

Cuando el escenario conocido deja de ser suficiente

Aún no hay evidencia científica que permita afirmar que lo ocurrido en Nepal fue un terremoto o un desborde clásico de laguna glaciar (GLOF); análisis preliminares apuntan a un desprendimiento de hielo y roca que generó un represamiento súbito del cauce y su posterior ruptura —una secuencia de peligros en cascada más que un fenómeno único—. Lo que sí es inequívoco es que, en la misma franja fronteriza, se han documentado GLOFs propiamente dichos originados en lagos supraglaciares: un estudio de Zhang et al. (2026) describe cómo estos lagos, formados sobre la superficie de los glaciares, pueden liberar millones de metros cúbicos de agua en horas, con caudales amplificados por valles estrechos. El Stimson Center advertía ya en 2025 que estos lagos "no son un riesgo futuro para archivar junto a otras proyecciones climáticas", sino una amenaza presente que la ciencia apenas empieza a mapear.

Lo que puede afirmarse con respaldo científico es que el calentamiento global acelera la pérdida de masa glaciar, desestabiliza laderas de permafrost y multiplica la formación de lagos de alta montaña. Ahí está el verdadero desafío para quienes planificamos ciudades: ¿qué hacemos cuando el peligro supera los récords históricos o los umbrales para los que diseñamos nuestra infraestructura? Incertidumbre, eventos compuestos, riesgos en cascada, monitoreo en tiempo real, infraestructura redundante y capacidad de actuar con información incompleta son las variables que deberían actualizar los modelos de gestión de riesgo en las ciudades.

Alertar no es solamente avisar

Estamos familiarizados con la "alerta temprana" como un artefacto —un sensor, una sirena, un mensaje al celular—. Un sistema de alerta temprana real es más bien una cadena de datos → interpretación → decisión → alerta → comunicación → actuación → socorro. Si cualquiera de esos eslabones falla —si el dato llega pero nadie tiene mandato para interpretarlo, si la alerta se emite pero no hay protocolo de evacuación, si la comunicación existe pero no llega a quien debe actuar—, toda la sofisticación tecnológica previa se vuelve irrelevante.

El marco de Naciones Unidas Early Warnings for All (EW4All), liderado por la WMO y la UNDRR, organiza un sistema de alerta multipeligro (MHEWS) alrededor de cuatro pilares —conocimiento del riesgo; observación y pronóstico; difusión de alertas; y capacidad de respuesta— que deben sostenerse simultáneamente, porque el eslabón más débil determina el resultado final. El informe Global Status of Multi-Hazard Early Warning Systems 2025 documenta que los países con capacidades MHEWS más completas registran una mortalidad por desastres casi seis veces menor que aquellos con capacidades limitadas.

Y aquí llegamos a la palabra central de este texto: interoperabilidad, no como sinónimo de "compatibilidad de software", sino como un problema de gobernanza con al menos ocho capas que deben resolverse a la vez: de datos, entre instituciones, de comunicaciones, territorial, de protocolos de emergencia, entre servicios urbanos esenciales, entre niveles de gobierno, e internacional, cuando el peligro cruza fronteras. El caso Nepal-China ilustra esta última capa: tres meses antes del desastre, funcionarios nepaleses ya habían solicitado a sus contrapartes chinas un mecanismo de intercambio de datos hidrológicos y glaciares en tiempo real, y la parte china respondió que no contaba con mandato para suscribir un acuerdo formal. Ningún experto ha atribuido el desastre a esa demora, pero sí ha quedado claro que un peligro que nace fuera de una jurisdicción puede convertirse, aguas abajo, en una emergencia nacional en minutos.

La ciudad como infraestructura de respuesta

Toda esta arquitectura se pone a prueba en un lapso muy corto: los minutos y las primeras horas después de que un peligro se detecta. Ahí se decide si la alerta se traduce en vidas protegidas: protocolos institucionales ya definidos, Centros de Operaciones de Emergencia funcionando de inmediato, canales de comunicación redundantes —algo que faltó durante el terremoto de Colombia de agosto de 2026, cuando amplias zonas quedaron sin electricidad, telefonía ni internet—, despacho anticipado de bomberos y personal de salud, cierre preventivo de vías en riesgo, hospitales preparados para una afluencia masiva de heridos, e imágenes satelitales que permiten evaluar daños antes de que lleguen los primeros equipos en tierra. La tecnología puede aportar segundos, minutos u horas adicionales, pero es la gobernanza y los protocolos ensayados los que convierten ese tiempo ganado en vidas salvadas.

Buena parte de las emergencias que se originan en la montaña, el mar o el subsuelo terminan materializándose en ciudades y corredores urbanos. Los gobiernos locales no pueden limitarse a esperar instrucciones desde el nivel nacional: deben prepararse antes, con planificación urbana basada en riesgos, mapas de peligro actualizados dinámicamente, rutas de evacuación ensayadas, espacios públicos capaces de operar como áreas seguras, y hospitales y colegios incorporados a los planes de emergencia. La ciudad en sí misma es, o debería ser, una infraestructura de respuesta: una vía que se convierte en corredor exclusivo para ambulancias, un colegio que se activa como refugio temporal, una plaza que funciona como punto de encuentro humanitario. Nada de esto se improvisa bien si no se diseñó con anticipación.

El problema peruano: seguimos pensando por peligros separados

El Perú tiene, en el papel, una arquitectura institucional robusta: la Ley N.º 29664 que crea el SINAGERD, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, el PLANAGERD 2022-2030, entidades técnico-científicas como el IGP, SENAMHI, ANA e INAIGEM, y Centros de Operaciones de Emergencia en los tres niveles de gobierno articulados, conceptualmente, a través de la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT), que INDECI reactivó en junio de 2026 con enfoque multipeligro e interoperable.

El país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico —el doblete sísmico de Venezuela en junio de 2026 y el terremoto de magnitud 7.4 en Chocó, Colombia, lo recuerdan con crudeza—, pero tiene además un listado de peligros más amplio: inundaciones, huaicos, sequías, El Niño, tsunamis, peligros volcánicos, retroceso glaciar y lagunas de origen glaciar. En esto el país tiene historia propia: en 1941, el desborde de una laguna glaciar en Huaraz mató a cerca de 1,800 personas; en 1970, un aluvión desencadenado por un desprendimiento glaciar en el Huascarán arrasó Yungay y se llevó más de 6,000 vidas en minutos.

Hoy INAIGEM identifica 528 lagunas con riesgo de desborde, 58 de ellas con riesgo "muy alto", entre ellas Parón y Palcacocha en la Cordillera Blanca, y Upiscocha en Cusco, mientras el ANA reporta que el país ha perdido más de la mitad de su superficie glaciar desde mediados del siglo pasado. INAIGEM reconoció, a propósito del desastre nepalí, que el Perú aún no cuenta con un plan nacional específico para desastres de origen glaciar: los desbordes se siguen tratando como un evento secundario asociado a un gran sismo. El presidente del IGP, Hernando Tavera, declaró que la actividad sísmica en los Andes peruanos podría desencadenar desprendimientos "casi como pasó en Nepal".

Según el ranking de exposición de INAIGEM, el caso más crítico es Huaraz, bajo la laguna Palcacocha: cerca de 3,980 viviendas están en el área de exposición directa, más de 27,000 personas afectadas, y algunos sectores disponen de apenas seis minutos entre un desprendimiento y la llegada del aluvión. Le siguen Checquiacocha, Tullparaju, Yanaraju, Auzangatecocha y Parón; todo el Callejón de Huaylas sigue siendo zona de vigilancia activa. Fuera de Áncash, INAIGEM incluye a Huancayo (Junín) y, en Cusco, Urubamba, donde el nevado Chicón amenaza el propio casco urbano —un peligro no hipotético, pues un aluvión de esa misma quebrada ya afectó la zona en 2010, y Urubamba concentra además un flujo turístico constante en el Valle Sagrado.

De la alerta sísmica a una arquitectura multipeligro

El Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) advertirá sobre sismos de magnitud 6.0 o mayor con segundos de anticipación, y el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) puede advertir sobre desbordes de ríos, pero no sobre sismos: cada sistema resuelve un pedazo del problema, no el problema completo. El desafío no es construir un sistema de alerta más para cada peligro nuevo, sino integrar los existentes bajo una misma arquitectura de gobernanza, con protocolos comunes y responsabilidades inequívocas —la dirección que plantea, en el papel, la RNAT reactivada este año; falta que esa articulación se sostenga en el tiempo, se financie de manera estable y llegue a gobiernos regionales y locales sin depender de una instrucción nacional en tiempo real.

Propongo seis líneas de trabajo para una arquitectura nacional y urbana de alerta y respuesta multipeligro interoperable: estándares comunes de intercambio de información entre entidades técnico-científicas (IGP, SENAMHI, ANA, INAIGEM, DHN) y organismos de respuesta; un inventario georreferenciado de infraestructura crítica a nivel municipal; alertas basadas en impacto esperado sobre la población, con mensajes accesibles para personas mayores o con discapacidad; redundancia real de canales —Cell Broadcast, radio, sirenas, comunicación satelital— con acuerdos firmados con operadores privados de servicios esenciales; integración operativa entre COEL, COER y COEN, con ejercicios multipeligro periódicos; y acción anticipatoria: movilizar maquinaria, personal e insumos antes de que el desastre ocurra, cuando los indicadores muestran alta probabilidad de impacto.

Todo esto es, a la vez, un problema tecnológico, institucional, territorial y político. ¿Quién recibe el dato? ¿Quién decide emitir una alerta? ¿Quién ordena una evacuación o moviliza maquinaria? ¿Quién coordina cuando varias municipalidades son afectadas al mismo tiempo? Si estas preguntas no tienen respuesta clara y ensayada antes de la emergencia, da igual cuán sofisticado sea el sensor que detectó el peligro. Una población puede recibir correctamente una alerta y aun así no ponerse a salvo, si no sabe hacia dónde evacuar, si el puente de evacuación colapsa, o si nadie tiene autoridad clara para decidir. Alertar y responder son cosas distintas, y solo la segunda salva vidas.

Quizá el próximo gran desafío de la gestión del riesgo no sea predecir perfectamente el próximo desastre, sino construir ciudades capaces de actuar aun cuando el fenómeno llegue antes de lo esperado, sea mayor de lo previsto o no se comporte como nuestros antecedentes históricos nos hicieron imaginar. Las ciudades no pueden evitar todos los fenómenos extremos, pero sí pueden decidir cuánto tiempo pierden entre saber que algo está ocurriendo y comenzar a proteger vidas. Ese tiempo se gana, sobre todo, con gobernanza, protocolos ensayados y una ciudad diseñada para responder inmediatamente.