La pandemia de COVID-19 expuso vulnerabilidades estructurales en la planificación urbana, especialmente en ciudades de América Latina caracterizadas por la desigualdad, la informalidad y la falta de infraestructura de servicios adecuados en territorios vulnerables (UN-Habitat, 2020; WHO, 2021). Lima Metropolitana se presentó como un caso paradigmático, donde los efectos de la pandemia exacerbaron problemas preexistentes, como la falta de planificación territorial y el acceso desigual a servicios urbanos esenciales.
Este ensayo analiza los impactos de la crisis sanitaria en la gestión urbanística de Lima y reflexiona sobre la coexistencia de modelos de ciudad dispersa y compacta, proponiendo mecanismos para repensar la gobernanza metropolitana de manera más resiliente, equitativa y sostenible. Se presentan también ejemplos de otras ciudades con características similares que implementaron soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos urbanos derivados de la pandemia, junto con casos específicos de barrios limeños afectados por la expansión desordenada y referencias de estudios recientes sobre desarrollo urbano y sostenibilidad.
Impactos del COVID-19 en la vida urbana
El COVID-19 expuso desigualdades profundas en las ciudades de América Latina, donde más del 60% de los pobres urbanos viven en asentamientos informales (UN-Habitat, 2020). Estas comunidades enfrentaron serias limitaciones, incluyendo acceso insuficiente a agua potable, saneamiento y espacios públicos, lo que exacerbó los contagios y destacó la necesidad de intervenciones urbanísticas inmediatas (Méndez & Ortega, 2023).
En Lima, la pandemia desbordó los sistemas de salud y transporte, afectando especialmente a la población más vulnerable. En distritos como San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, la falta de acceso a agua potable y saneamiento agravó la crisis sanitaria, haciendo que muchas familias no pudieran seguir protocolos básicos de higiene. Según el Ministerio de Vivienda (2023), más del 30% de la población limeña vive en condiciones de precariedad habitacional, lo que aumentó el riesgo de contagios y enfermedades asociadas.
El estudio Hacia ciudades inclusivas y resilientes: lecciones post-COVID en América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021), identificó estrategias clave para responder rápidamente a nuevas crisis, como la implementación de infraestructuras temporales, el fortalecimiento de servicios básicos en asentamientos informales y programas de vivienda saludable.
Bogotá, por ejemplo, implementó ciclovías temporales que no solo promovieron la movilidad sostenible, sino que también redujeron las aglomeraciones en el transporte público (Global Infrastructure Hub, 2021). Singapur integró soluciones tecnológicas, como la vigilancia mediante cámaras térmicas en espacios públicos y la ampliación de servicios de telemedicina, para controlar el brote y garantizar la atención médica de su población (OECD, 2022). En Medellín, el programa de corredores verdes demostró ser efectivo para reducir las islas de calor urbano y mejorar la calidad de vida (Pérez & Tovar, 2023). Copenhague, por su parte, destacó por implementar sistemas de drenaje urbano sostenible que redujeron los riesgos de inundación y promovieron la resiliencia climática (Vardoulakis & Kinney, 2022).
Estos enfoques sugieren que una planificación urbana resiliente es clave para afrontar futuras crisis sanitarias y climáticas. En el caso de Lima, la falta de espacios públicos y la desconexión entre áreas residenciales y zonas de empleo agravaron los impactos negativos de la pandemia, lo que puso en evidencia la necesidad de nuevas políticas de planificación integradas a las necesidades de las comunidades locales.
Modelos urbanos: ¿ciudad dispersa o compacta?
El debate entre ciudad compacta y dispersa cobra relevancia en Lima, una urbe caracterizada por su crecimiento horizontal desordenado y la especulación inmobiliaria en diferentes áreas de la ciudad. Estudios recientes sugieren que los beneficios de la ciudad compacta incluyen una menor huella ecológica, mayor eficiencia en el transporte público y mejor acceso a servicios urbanos (Neuman, 2021). Sin embargo, la ciudad dispersa también ofrece oportunidades para descentralizar servicios y crear nuevos centros periurbanos que atiendan a comunidades vulnerables (Zhao et al., 2022).
Lima ha experimentado un crecimiento expansivo hacia las periferias, con distritos como Puente Piedra, Carabayllo y Lurín absorbiendo gran parte de la expansión urbana sin una adecuada planificación de transporte y servicios básicos (INEI, 2022). Este crecimiento ha generado una dependencia excesiva del transporte informal y largos tiempos de desplazamiento para los ciudadanos. En contraste, los distritos centrales como Miraflores, San Isidro y Surco han consolidado un modelo más compacto, con mayor accesibilidad a infraestructura y espacios públicos.
En Seúl, el modelo de ciudad compacta ha sido clave para optimizar la movilidad urbana y garantizar un acceso equitativo a los servicios esenciales: durante la pandemia, el gobierno implementó estaciones de prueba y vacunación en centros de transporte público, demostrando cómo un diseño compacto facilita la respuesta rápida en emergencias sanitarias (Harris et al., 2021). Lima, en contraste, enfrenta retos significativos para adoptar estos enfoques debido a la fragmentación territorial y la falta de coordinación entre niveles de gobierno.
El modelo actual de Lima combina elementos de ambos enfoques, con un crecimiento vertical en distritos centrales como Miraflores y San Isidro, y una expansión horizontal hacia periferias como Carabayllo y Lurín. Este híbrido ha generado desigualdades espaciales significativas, exacerbadas por la ausencia práctica de planes urbanos, nuevas políticas públicas metropolitanas y una gestión urbanística eficiente que aborde esta dualidad para mitigar los efectos negativos de la expansión desordenada y garantizar el acceso equitativo a servicios (Fernández & Romero, 2022).
Además, en un contexto de posibles nuevas pandemias, el diseño urbano debe priorizar la creación de espacios flexibles y multifuncionales que permitan adaptarse rápidamente a crisis sanitarias. La implementación de "ciudades esponja", que integran soluciones basadas en la naturaleza para gestionar el agua y mejorar la calidad ambiental, representa una estrategia prometedora para combinar resiliencia climática y sanitaria (Xie et al., 2022; Pérez & Tovar, 2023).
En Trujillo y Piura, ambas ciudades han implementado infraestructuras para la resiliencia climática y la adaptación al cambio climático. En Trujillo se han desarrollado proyectos de recuperación de espacios ribereños, así como drenajes urbanos sostenibles para reducir el impacto de las inundaciones causadas por el Fenómeno de El Niño. En Piura se han implementado reservorios urbanos y sistemas de drenaje pluvial con tecnología verde para mitigar las afectaciones por lluvias intensas y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos (Ministerio del Ambiente, 2023).
Hacia una gobernanza metropolitana resiliente
La pandemia de COVID-19 resaltó la importancia de abordar de manera integral las debilidades estructurales en la gobernanza metropolitana, estableciendo mecanismos que permitan respuestas coordinadas y efectivas ante crisis futuras. En el caso de Lima, esto implica seis frentes de trabajo.
Primero, una reforma normativa que unifique regulaciones urbanas para eliminar conflictos entre niveles de gobierno y promover la inversión sostenible: en Lima, las normativas urbanísticas han sido históricamente fragmentadas, lo que ha generado vacíos legales que dificultan la implementación de proyectos a gran escala, y un marco normativo consolidado permitiría no solo atraer inversiones, sino también garantizar que estas se orienten hacia el desarrollo inclusivo y sostenible.
Segundo, participación comunitaria que involucre a la sociedad civil en la toma de decisiones urbanas, asegurando que las políticas reflejen las necesidades locales (Bai et al., 2021); en un contexto donde muchas decisiones urbanas son centralizadas, fomentar una mayor participación comunitaria en Lima permitiría abordar de manera más efectiva los problemas específicos de cada distrito.
Tercero, infraestructura inclusiva que priorice proyectos que promuevan la equidad y resiliencia, como vivienda accesible y sistemas de transporte multimodal: en Lima, la falta de acceso a vivienda adecuada y transporte eficiente ha perpetuado la desigualdad social, y la inversión en infraestructura inclusiva no solo reduciría estas brechas, sino que también mejoraría la calidad de vida en las periferias urbanas.
Cuarto, digitalización geoespacial que implemente tecnologías de gestión de datos para monitorear el crecimiento urbano y evaluar políticas públicas en tiempo real (Allam & Jones, 2021); en Lima, la digitalización podría optimizar los servicios urbanos, desde la recolección de residuos hasta la gestión del tráfico.
Quinto, preparación ante crisis mediante planes de respuesta rápida basados en simulaciones de escenarios de pandemia y desastres naturales, garantizando recursos suficientes para su implementación (WHO, 2021); Lima, al estar ubicada en una zona sísmica y ser vulnerable a fenómenos climáticos, necesita fortalecer sus planes de preparación ante emergencias, integrando tecnologías de alerta temprana y protocolos claros para proteger a su población.
Sexto, financiamiento innovador que explore mecanismos como bonos verdes y asociaciones público-privadas para financiar proyectos de desarrollo urbano sostenible (Global Infrastructure Hub, 2021). La dependencia exclusiva de fondos públicos limita la capacidad de Lima para abordar los desafíos urbanos, y el financiamiento innovador abriría nuevas oportunidades para ejecutar proyectos ambiciosos que promuevan la sostenibilidad y resiliencia urbana.
Conclusiones
La pandemia de COVID-19 planteó una oportunidad única para reconfigurar la gobernanza urbana de Lima hacia un modelo más resiliente, equitativo y sostenible. Han pasado varios años y aún falta adoptar enfoques integrales que combinen sostenibilidad ambiental, justicia social y participación comunitaria para superar los desafíos de la informalidad y la desigualdad.
Las entidades públicas locales, metropolitanas y nacionales especializadas en planificación urbana, ordenamiento territorial y gestión urbanística en Lima Metropolitana enfrentan importantes limitaciones que afectan su capacidad para liderar el desarrollo urbano sostenible. Aunque se ha trabajado en iniciativas innovadoras como el diseño de corredores ecológicos y la promoción de planes de transporte urbano integrados, estas acciones han sido puntuales y carecen de un impacto estructural duradero. La fragmentación normativa y la falta de un presupuesto adecuado dificultan la implementación de proyectos a gran escala, mientras que la centralización de decisiones en niveles superiores de gobierno reduce su margen de maniobra.
Los planes urbanos, propuestas de zonificación, planes específicos o instrumentos de gestión urbana aprobados para un solo sector de la ciudad, a menudo no logran articularse con las necesidades reales de los distritos periféricos debido a una comunicación insuficiente con las comunidades locales. Además, la escasez de tecnologías digitales avanzadas limita la capacidad de las entidades locales para monitorear y gestionar eficazmente el crecimiento urbano. Estas deficiencias destacan la necesidad de reformar su estructura organizativa y fortalecer competencias, de manera que puedan desempeñar un papel más efectivo en la articulación de estrategias sostenibles y coherentes.
La preparación para futuras pandemias dependerá de la capacidad de las ciudades para integrar principios de resiliencia en su planificación. Esto incluye no solo infraestructuras físicas, sino también redes sociales sólidas, sistemas de alerta temprana y colaboración internacional para compartir recursos y conocimiento. Lima, al igual que otras grandes ciudades, debe actuar ahora para garantizar un futuro urbano sostenible y preparado para lo inesperado.
