Más obras, menos ciudad: el vacío urbano se mantiene en los planes de gobierno 2026

El Perú vive una semana electoral incierta. Keiko Fujimori lidera la primera vuelta con claridad, pero la segunda plaza aún no está definida: Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se disputan décimas de punto, con miles de actas observadas pendientes de resolución en los Jurados Electorales Especiales. El resultado final podría conocerse recién a mediados de mayo. Mientras tanto, en los planes de gobierno de los tres candidatos hay una conversación —que ya evaluamos previamente— que brilla por su ausencia: cómo vamos a construir ciudades.

Lo digo desde más de veinte años trabajando en planificación urbana y en la gestión de inversiones públicas en el país, no como crítica electoral, sino como una pregunta técnica urgente que el próximo gobierno —sea quien sea— tendrá que responder tarde o temprano.

Tres planes, un mismo vacío estructural

Fuerza Popular apuesta por infraestructura y destrabar la burocracia, sin mención a la planificación territorial. Juntos por el Perú propone un Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, sin vinculación explícita con el Invierte.pe. Renovación Popular plantea un shock de megaproyectos —trenes, BRT, autopistas—, sin planificación territorial como condición previa. Los tres coinciden en algo: ninguno aborda la desconexión estructural entre el Invierte.pe y los instrumentos de planificación territorial.

El plan de Fuerza Popular apuesta por destrabar la burocracia y acelerar la ejecución de grandes proyectos de infraestructura vial y de transporte; es una respuesta comprensible a años de parálisis en grandes inversiones, pero confunde velocidad con dirección: ejecutar más rápido sin conocer el camino es, precisamente, lo que nos trajo hasta aquí, a ciudades que crecieron por acumulación de decisiones aisladas, donde cada obra cuenta su propia historia y ninguna cuenta la historia de la ciudad. El plan de Renovación Popular va en la misma línea: un shock de megaproyectos —trenes urbanos, sistemas BRT, autopistas, puertos— con el Estado reducido al mínimo y la inversión privada como motor. La lógica es eficiente, pero ignora que la infraestructura urbana no es solo ingeniería: es territorio, es zonificación, es decisión sobre qué ciudad queremos ser en el futuro y mantenerlo en el tiempo.

Juntos por el Perú es el único que incorpora una mirada explícitamente urbana: propone crear un Instituto Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y un Laboratorio Urbano Nacional, un avance conceptual importante que merece reconocimiento. Sin embargo, esa propuesta queda desconectada del ciclo real de la inversión pública: crear un instituto sin reformar la articulación entre planificación territorial e Invierte.pe es construir una nueva institucionalidad sobre el mismo vacío estructural. La arquitectura del problema no cambia.

Esta omisión no sorprende, pero sí preocupa. El problema no está en la cantidad de obras prometidas, sino en la ausencia de un sistema que las ordene, las priorice y las articule con una visión de ciudad sostenible.

Un sistema que no se conecta con el territorio

El Perú cuenta hoy con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, creado para ordenar y hacer más eficiente el ciclo de la inversión pública. En teoría, este sistema debería articularse con los instrumentos de planificación territorial: los Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT) y los Planes de Desarrollo Urbano (PDU). En la práctica, esa articulación no existe de manera vinculante en el sistema de gestión pública peruano; actualmente, el Invierte.pe se conecta con el planeamiento estratégico nacional (SINAPLAN) y con el proceso presupuestario (SIAF), pero no con la planificación urbana (Caycho, 2023).

El resultado es lo que todos vemos: proyectos que llegan a los territorios sin responder a una visión de ciudad, sin considerar la zonificación vigente, sin articulación entre niveles de gobierno y sin sostenibilidad en el tiempo. No es un problema de voluntad política solamente. Es un problema estructural de diseño institucional.

Los datos respaldan esta preocupación. Según un informe del Banco Mundial de 2025, el 45% de los proyectos de inversión pública iniciados desde 2012 en el Perú están abandonados o inconclusos: cuatro de cada diez soles invertidos en infraestructura no llegan a producir el impacto esperado, y el equivalente a dos años de crecimiento del PBI se perdió por no terminar lo que se empezó (Microfinanzas, 2026). A ello se suma que más del 80% de las obras se incorporan al presupuesto durante la ejecución, sin pasar por la Programación Multianual de Inversiones, lo que debilita estructuralmente la conexión entre planificación, presupuesto y ejecución.

Este desorden no es neutral: se manifiesta en el rostro de las ciudades, se expresa en barrios sin continuidad vial, en equipamientos urbanos emplazados donde no corresponde, en servicios públicos que duplican cobertura en zonas ya servidas mientras otras permanecen en déficit. Un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) documentó con claridad que la mitad de la inversión en barrios vulnerables de Lima se destina a obras pequeñas, inconexas y de bajo impacto (Esparch & Tanaka, 2021).

La situación se agrava cuando revisamos el estado de los instrumentos de planificación urbana. Según el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU, 2022), el 89.6% de los municipios del país no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano, y la principal razón declarada es la falta de recursos (67.2%) (ComexPerú, 2026). Sin embargo, la ausencia de planes no detiene la inversión: los proyectos se ejecutan igual, pero sin referencia territorial; de esta manera, la inversión pública termina siendo el único instrumento de ordenamiento de hecho, aunque no de derecho.

Tres condiciones mínimas para el próximo gobierno

¿Qué se necesita para revertir esta situación? No propongo recetas simples porque el problema no lo es, pero sí identifico tres condiciones mínimas desde la experiencia técnica que debería comprometer a cualquier próximo gobierno.

Primero, que la Programación Multianual de Inversiones deje de ser un requisito normativo y se convierta en una herramienta vinculante, con brechas cuantificadas, metas claras y articulación directa con los instrumentos de planificación territorial vigentes; como señala Castilla (2023) desde Videnza Instituto, el problema no es cuánto se invierte, sino cómo se planifica, gestiona y ejecuta esa inversión.

Segundo, que los Planes de Desarrollo Urbano y los Planes de Acondicionamiento Territorial sean reconocidos como insumos técnicos obligatorios para la formulación de proyectos en el marco del Invierte.pe. La creación de un Instituto Nacional de Desarrollo Urbano —como propone una de las candidaturas— solo tendrá impacto real si ese instituto tiene capacidad técnica vinculante sobre el ciclo de inversión, no solo función consultiva.

Tercero, que se fortalezca el rol del profesional especializado en la toma de decisiones de inversión pública. La planificación urbana es una disciplina con metodología, evidencia y responsabilidad sobre el territorio. Reducirla a un trámite o prescindir de ella en las decisiones de inversión tiene consecuencias reales sobre la calidad de vida de las personas.

Invertir sin planificar no es ahorrar. Es hipotecar el futuro de la ciudad.

Hay señales positivas en el horizonte: en febrero de 2025 el gobierno aprobó los Lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública (LPNIP), y la reciente modificación a la Ley 29230 —aprobada por el Congreso en octubre de 2025— abre una vía inédita: por primera vez, el mecanismo de Obras por Impuestos permite que el sector privado financie directamente Planes de Desarrollo Urbano, Planes de Acondicionamiento Territorial, catastros y estudios de microzonificación (RPP, 2025; Congreso de la República, 2025). La pregunta es si el próximo gobierno entenderá que estas reformas no son "tecnicismos" sino la base sobre la que se construye —o se destruye— la calidad de las ciudades.

Las ciudades del Perú no pueden seguir siendo el resultado no planificado de la suma de proyectos. Merecen una visión. Y esa visión requiere que planificación, inversión pública y sostenibilidad urbana dejen de operar como sistemas paralelos para convertirse en un solo sistema integrado, con actores técnicos en el centro de las decisiones.