Las ciudades peruanas no existen en el debate electoral 2026

A tres semanas de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, con el debate político dominado por temas como la seguridad ciudadana, la economía y la lucha contra la corrupción, nos olvidamos de un problema estructural que debería preocuparnos a todos y que, sin embargo, no existe en la agenda electoral: las ciudades.

El Perú es un país profundamente urbano: más del 78% de su población vive en áreas urbanas, y Lima concentra más de un tercio de la actividad económica nacional. Sin embargo, el 93% del crecimiento urbano de las últimas dos décadas ha sido informal, solo el 15% de los municipios tiene un Plan de Desarrollo Urbano vigente, menos del 10% de los proyectos de inversión pública se alinea a alguno, y la implementación de estos planes a nivel distrital ni siquiera llega al 10% (MVCS, 2024).

Revisando los planes de gobierno de los siete candidatos con mayor intención de voto, confirmo una hipótesis que como urbanista y académica vengo sosteniendo: el urbanismo, la planificación y la gestión urbanística no forman parte de la agenda pública peruana, y este proceso electoral no es la excepción.

Lo que la evidencia dice (y los planes urbanos callan)

Existe producción científica disponible sobre las condiciones urbanísticas de las ciudades peruanas que debería alarmar a cualquier candidato presidencial: el déficit habitacional supera 1.9 millones de viviendas, el 45.1% de la población urbana vive en barrios marginales o viviendas inadecuadas (INEI, 2022); el déficit de infraestructura total supera los USD 110 mil millones, concentrado en transporte, saneamiento e infraestructura urbana (MEF, 2025); y la congestión vehicular en Lima equivale a más del 2% del PBI anual (Banco Mundial, 2023).

Pero el problema no es solo cuantitativo, es de gobernanza. Tres hallazgos resultan especialmente relevantes: la segregación socio-espacial de las ciudades peruanas "no es producto de la ausencia de planificación, sino de sucesivas decisiones u omisiones que reproducen relaciones de poder desiguales" (Fernández-Maldonado, International Planning Studies, 2019); "no existe en ningún municipio del país una instancia de monitoreo y evaluación de los planes urbanos" que verifique cuántos proyectos se ejecutaron y si dieron el resultado esperado (La República, 2024); y, aunque "el 95% del crecimiento urbano global se producirá en el mundo en desarrollo" y la Nueva Agenda Urbana funciona como acelerador del ODS 11, su implementación en países como el Perú enfrenta brechas estructurales de capacidad institucional (ONU-Hábitat, 2016).

El análisis bibliométrico de más de 21,000 publicaciones sobre el ODS 11, publicado en Nature Cities (2024), confirma que pese al crecimiento sostenido de la investigación científica sobre ciudades sostenibles, persiste una brecha estructural entre ese conocimiento académico y las políticas públicas que efectivamente se implementan, brecha que se agudiza en los países en desarrollo donde más se necesita actuar. En el Perú esa distancia no es una tendencia emergente: lleva décadas siendo el estado permanente de las cosas, normalizado por planes que se aprueban y se archivan, y por compromisos internacionales que se suscriben y se olvidan.

¿Qué proponen los planes? Comparación por dimensión urbana

Para evaluar el contenido urbano de cada plan de gobierno desarrollé una matriz de nueve dimensiones basada en los estándares de la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III, 2016), el ODS 11 y la literatura académica sobre planificación urbana en América Latina: vinculación explícita al ODS 11 y a la Nueva Agenda Urbana; ordenamiento territorial como eje estructural; operatividad de los PDU (con financiamiento, obligatoriedad y seguimiento); movilidad urbana integrada; soluciones basadas en la naturaleza; instrumentos de gestión del suelo y captura de plusvalías; gobernanza metropolitana; y mecanismos de monitoreo e implementación. La calificación final (sobre 10) considera no solo si el tema aparece en el plan, sino la profundidad de la propuesta: si tiene diagnóstico, mecanismo, financiamiento y metas medibles.

Cinco evidencias del análisis que incomodan

Todos los planes abordan el déficit habitacional, pero ninguno —salvo uno— trata la producción del espacio urbano como un sistema que integra suelo, movilidad, espacio público, gobernanza y riesgo climático: construir más viviendas sin preguntarse dónde, para quién y bajo qué instrumentos de planificación a 20 años reproduce exactamente el modelo que generó el 93% de informalidad urbana. Las políticas de vivienda social han tenido como objetivo reducir el déficit habitacional sin coordinar con los gobiernos locales, ignorando consideraciones espaciales; el resultado es una urbanización que formaliza la informalidad sin transformar sus causas.

Varios candidatos mencionan los PDU, pero hay una diferencia radical entre declararlos y operacionalizarlos: APP los usa como indicador secundario en vivienda, Fuerza Popular los declara obligatorios sin financiamiento ni sanción, Ahora Nación propone financiamiento vía Obras por Impuestos, y únicamente Primero La Gente establece indicadores con línea de base y meta verificable —pasar del 15% actual al 100% de municipios con PDU vigente al 2031—. Nuestro problema no es la ausencia de planes: es la ausencia de mecanismos que los hagan implementar adecuadamente.

El hallazgo más llamativo es el de Rafael López Aliaga: siendo el único candidato que ha ejercido como alcalde de la ciudad más grande del país, su plan presenta la propuesta urbanística más débil de los siete —25 páginas sin mención alguna a planificación urbana, PDUs, ordenamiento territorial, gestión del suelo ni movilidad urbana integrada, con la ciudad presentada exclusivamente como escenario de inseguridad y receptora de obras de infraestructura. Esto no es un juicio político, es un dato que revela algo estructural: la gestión urbana cotidiana —obras, licencias, tráfico, mercados— puede ejercerse durante años sin una política urbana articulada, y cuando esa es la experiencia que se traslada al debate nacional, la ciudad sigue siendo invisible como objeto de política pública.

Primero La Gente (Marisol Pérez Tello) es el único plan que cita explícitamente el ODS 11, propone un Banco de Suelo Público con captura de plusvalías, incorpora infraestructura verde como política urbana y tiene indicadores con línea de base y una plataforma nacional de urbanismo para municipios; aun así, ni siquiera este plan —el mejor evaluado— menciona la Nueva Agenda Urbana como marco orientador ni desarrolla un modelo de gobernanza metropolitana para ciudades que desbordan sus límites administrativos. Si el mejor plan disponible deja fuera marcos tan fundamentales, cabe preguntarse qué tan lejos estamos todavía de un debate electoral a la altura de la complejidad de nuestras ciudades.

En ninguno de los siete planes aparecen de forma integrada: la Nueva Agenda Urbana como marco rector, pese a que el Perú la suscribió hace diez años; un modelo de gobernanza metropolitana para ciudades que desbordan límites administrativos, como Lima con sus 42 distritos y áreas conurbadas; instrumentos de captura de plusvalías urbanas para financiar infraestructura con los incrementos de valor generados por la inversión pública o privada; un sistema real de monitoreo e implementación que cierre la brecha entre lo aprobado y lo ejecutado; y soluciones basadas en la naturaleza integradas a la gestión del riesgo climático urbano.

Lo que el próximo gobierno nacional necesita hacer (y no se está debatiendo)

No se trata de inventar o improvisar: se trata de aplicar con voluntad política lo que ya existe en el marco normativo peruano y en los compromisos internacionales suscritos. La Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, existe desde 2021, y su reglamento desde 2022, y establece instrumentos de planificación, gestión del suelo y ordenamiento territorial. El problema no es normativo: es de implementación, capacidades técnicas, financiamiento y voluntad política.

Con independencia del candidato electo, la próxima gestión nacional debería priorizar dos frentes simultáneos. El primero: fortalecer las capacidades del sistema de planificación urbana desde su base, financiando y asistiendo técnicamente a los gobiernos locales para elaborar e implementar PDU con mecanismos de seguimiento reales, y formando a los planificadores que el país necesita —el Perú tiene 1,800 municipios y apenas tres programas de posgrado en planificación urbana, una brecha que ningún plan electoral menciona. El segundo frente es institucional y financiero: crear una instancia nacional de monitoreo urbano con indicadores vinculados al ODS 11 y a la Nueva Agenda Urbana; diseñar instrumentos de gestión del suelo y captura de plusvalías que financien infraestructura urbana sostenible sin depender exclusivamente del presupuesto público; e integrar la gestión del riesgo climático en la planificación territorial, especialmente en ciudades expuestas a sismos, inundaciones y huaycos. No son propuestas nuevas —están en el marco normativo peruano—, lo que falta es la voluntad política de implementarlas.

Conclusiones: el debate que necesitamos escuchar e iniciar

El análisis de los siete planes de gobierno revela un hallazgo que incomoda pero que es necesario nombrar: el urbanismo —como disciplina, como política pública, como ciencia de ciudad— es prácticamente invisible en el debate electoral peruano al 2026. Esto no significa que los candidatos no se preocupen por las ciudades, significa que las conciben de manera fragmentada: la vivienda es un problema de déficit de unidades, el transporte es un problema de obras viales, la seguridad es un problema policial. Pero nadie parece advertir que estos problemas tienen una raíz común: la ausencia histórica de una política urbana integral que planifique la ciudad como sistema, que gestione el suelo como bien público y que articule movilidad, espacio público, vivienda y ambiente bajo una gobernanza capaz de implementar y monitorear lo que se planifica.

El candidato o candidata que llegue al gobierno en julio de 2026 heredará ciudades que crecen más rápido que su capacidad de planificación, municipios sin planificadores calificados, sin presupuesto para planes y sin mecanismos que los hagan cumplir, y un 45% de la población urbana viviendo en condiciones inadecuadas, muchos en zonas de alto riesgo que el cambio climático hace cada vez más peligrosas.

La brecha crítica no está en la producción de planes, sino en la capacidad institucional para implementarlos, los recursos técnicos para sostenerlos y la voluntad política para hacerlos vinculantes. Ese debate no ha ocurrido en esta campaña, y la ciudad —que es donde finalmente se materializa o se frustra todo lo demás— lo merece. El momento de debatir qué tipo de ciudades queremos para los próximos veinte años es ahora, no después de la segunda vuelta.