Remembranzas Capítulo I: caso Nueva Rinconada, San Juan de Miraflores — entre la planificación y la realidad urbana

Participar activamente en la evaluación y sustentación del "Plan Específico del Sector Nueva Rinconada 2020-2030", ubicado en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, fue una experiencia profesional altamente motivadora y esperanzadora para la planificación urbana sostenible en Lima Metropolitana.

Para el año 2021 —en plena segunda ola de la pandemia por COVID-19—, este desafío implicó abordar integralmente las complejas condiciones físicas y sociales de un área urbana caracterizada por la informalidad y altos niveles de riesgo. Nueva Rinconada, como buena parte de las laderas que rodean Lima Sur, se consolidó a lo largo de décadas mediante ocupación progresiva del territorio, muchas veces sin acompañamiento técnico ni acceso oportuno a servicios básicos. Trabajar sobre un instrumento de planificación para un área con esa historia significaba, desde el inicio, reconocer que el plan no partía de un terreno en blanco, sino de una ciudad ya construida que había que ordenar, corregir y dotar de condiciones de seguridad.

El trabajo implicó una evaluación y análisis técnico exhaustivo de los estudios que conformaban el plan, la realización de diversas inspecciones técnicas a la zona de intervención, y la gestión de coordinaciones interinstitucionales con autoridades locales y metropolitanas, todo orientado a cumplir el objetivo de lograr la aprobación del Concejo Metropolitano de Lima y la posterior emisión de la Ordenanza N° 2394-MML, con fecha del 30 de setiembre de 2021. Cada una de esas etapas —evaluar, inspeccionar, coordinar— tenía su propio ritmo y sus propias exigencias, y sostenerlas en paralelo, en el contexto sanitario de esos meses, añadió una capa adicional de complejidad a un proceso que ya era, de por sí, técnicamente exigente.

Mi labor involucró una comunicación constante con los profesionales a cargo de los estudios y con los representantes de la población residente, lo que fue clave para comprender sus necesidades, expectativas y percepciones. Ese diálogo continuo no fue un complemento del trabajo técnico, sino una condición para que el propio trabajo técnico tuviera sentido: un plan que no dialoga con quienes habitan el territorio corre el riesgo de quedar bien sustentado en el papel y ser, al mismo tiempo, inviable en la práctica. El propósito central fue prever y organizar acciones urbanísticas y edificatorias que transformaran este territorio en un espacio urbano seguro, funcional y sostenible a largo plazo.

Mitigar la vulnerabilidad en terrenos de fuerte pendiente

Uno de los desafíos más importantes fue la mitigación de condiciones extremas de vulnerabilidad física y social derivadas del asentamiento informal en terrenos con fuertes pendientes. Esto demandó soluciones técnicas normativas e innovadoras para garantizar accesos adecuados, estabilizar el suelo y asegurar la provisión futura de servicios básicos como agua potable y alcantarillado. En terrenos con esta topografía, cada decisión —el trazo de una escalera, el ancho de una vía, la ubicación de un muro de contención— tiene implicancias directas sobre la seguridad de las viviendas que se apoyan, literalmente, sobre la ladera, lo que exige una mirada que combine el rigor normativo con el conocimiento detallado de las condiciones físicas del sitio. A esto se suma que, en un asentamiento ya consolidado, las soluciones no pueden partir de cero: deben insertarse sobre una trama de accesos, viviendas y usos ya existentes, lo que reduce el margen de maniobra técnico y obliga a priorizar intervenciones que sean, a la vez, viables de ejecutar y efectivas para reducir el riesgo.

Además, la responsabilidad del continuo seguimiento a la subsanación de observaciones técnicas complejas —como mantener la coherencia entre la Evaluación de Riesgo de Desastres (EVAR) y el instrumento urbano denominado Plan Específico (PE)— fue totalmente retadora, constituyéndose en una herramienta clave para el sustento del proceso de planificación urbana en áreas de alta vulnerabilidad y sectores críticos, tanto mitigables como no mitigables. Esa coherencia no es un requisito meramente formal: la EVAR identifica qué zonas pueden intervenirse con obras de mitigación y cuáles, por el nivel de riesgo, no deberían consolidarse como uso residencial, y el Plan Específico tiene que traducir esa lectura técnica en zonificación, parámetros y proyectos concretos, sin que ambos instrumentos se contradigan entre sí. Este proceso demandó mucho esfuerzo y paciencia con profesionales multidisciplinarios, autoridades y población, lo que permitió garantizar que la propuesta cumpliera estrictamente con los requisitos técnicos y normativos, asegurando a futuro un proceso de consolidación urbana efectiva y sostenible en el tiempo.

Entre la norma y la realidad del suelo informal

Expertos urbanistas y publicaciones especializadas han destacado que la planificación urbana en sectores como Nueva Rinconada exige reconsiderar los enfoques tradicionales. Más allá del incremento en la inversión pública, es fundamental aplicar estrategias innovadoras y participativas que integren las condiciones reales del territorio, permitiendo soluciones urbanas adaptadas a terrenos complejos, reduciendo así la vulnerabilidad y garantizando la sostenibilidad. Los instrumentos de planificación pensados originalmente para suelo urbanizable en condiciones estándar —pendientes moderadas, trazado regular, disponibilidad previa de infraestructura— no siempre responden bien cuando se aplican, sin adaptación, a un terreno que se ocupó y edificó antes de que existiera cualquier plan.

Por otro lado, si bien el Ministerio de Vivienda y Construcción establece lineamientos claros para la Vivienda de Interés Social (VIS), diversos expertos han cuestionado su implementación práctica: señalan que, a pesar de la existencia de una normativa robusta, muchas veces esta no se adapta adecuadamente a la realidad de territorios con condiciones complejas, como Nueva Rinconada, donde predominan pendientes pronunciadas, falta de infraestructura básica y vulnerabilidad social extrema. Aunque estos reglamentos buscan garantizar condiciones dignas de habitabilidad, existe una brecha significativa entre los estándares técnicos exigidos y la realidad del desarrollo urbano informal, lo cual demanda mayores recursos y un enfoque más integral. Cerrar esa brecha no depende únicamente de actualizar la norma, sino de que la norma venga acompañada de financiamiento, asistencia técnica sostenida y mecanismos de seguimiento que permitan verificar, con el tiempo, si lo aprobado en el papel efectivamente se tradujo en mejores condiciones de vida para la población. En experiencias como la de Nueva Rinconada, esa distancia entre el estándar técnico y la condición real del territorio no se resuelve exigiendo más a la población que ya habita el lugar, sino ajustando el instrumento normativo para que reconozca, sin renunciar a la seguridad, el punto de partida real desde el que se planifica.

Una lección que sigue vigente

Estoy convencida de que una evaluación más integral y realista de la expansión urbana informal es esencial. Mi experiencia en el Instituto Metropolitano de Planificación reafirma que una planificación estratégica adecuada, inversiones responsables y una gestión verdaderamente participativa pueden reducir significativamente las condiciones críticas existentes. Casos como el de Nueva Rinconada muestran que la planificación urbana en contextos de informalidad consolidada no es un ejercicio técnico aislado: es, a la vez, un ejercicio de coordinación interinstitucional, de escucha a la población y de rigor normativo, y ninguno de esos tres componentes puede sostener por sí solo un proceso de esta complejidad. Solo de esta manera lograremos construir ciudades resilientes y sostenibles, que respondan efectivamente a las necesidades reales de la población más vulnerable.

De esta experiencia aún tenemos pendientes algunas preguntas por responder: ¿qué necesidades urbanas prioritarias se identifican en zonas similares a Nueva Rinconada? ¿Qué medidas consideran clave para asegurar la sostenibilidad de proyectos urbanos en zonas con alto riesgo de desastre? ¿Cómo pueden los gobiernos locales mejorar su coordinación con organismos técnicos y la sociedad civil en procesos urbanos complejos?